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Análisis del nuevo Plan Estatal 2013-2016 de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (Real Decreto 233/2013, de 5 de abril)

1.- INTRODUCIÓN

2.- CONCEPTOS BÁSICOS

3.- LOS 8 GRUPOS DE PROGRAMAS DEL PLAN

4.- MEDIDAS ADICIONALES AL PLAN

Entrada al Ministerio de Fomento

1.- INTRODUCIÓN:

Este Plan, al que comúnmente se le denomina en su forma abreviada Plan Estatal de vivienda 2013-2016, abandona la política de planes anteriores, dirigida a incentivar la promoción y la construcción de viviendas con protección pública, para concentrar los esfuerzos en el fomento del alquiler e impulsar la rehabilitación, renovación y regeneración urbanas. Se trata así de cambiar el modelo para adaptarlo a la situación económica actual del país, reorientando las metas y concentrando los recursos disponibles en los sectores más necesitados.

El Plan Estatal de vivienda 2013-2016, aprobado el 5 de abril de 2013, estructurar el sistema de ayudas en torno a dos Leyes:

  • la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Alquiler de Viviendas
    • El objetivo fundamental es el de flexibilizar el mercado del alquiler para lograr la necesaria dinamización del mismo, por medio de la búsqueda del necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para su puesta a disposición del mercado arrendaticio.
    • Algunas de las medidas  están relacionadas con la duración de los contratos y los preavisos, tanto por parte del arrendatario como del arrendador, las obras realizadas en el interior de las viviendas, la actualización de las rentas, la no obligatoriedad de mantener al inquilino si se compra una vivienda alquilada, los cambios en las medidas fiscales, la agilización de los desahucios o la creación de un registro de morosos del alquiler, entre otras.
  • la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana
    • Tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
    • Entre las novedades más relevantes destacan las siguientes: La configuración del deber de conservación como uno de los deberes fundamentales relacionados con el medio urbano, y su regulación con carácter uniforme en el marco de las condiciones básicas de igualdad que compete establecer al Estado. La regulación del Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), que sustituye la inspección técnica de edificios (ITE), obligatorio en algunos ayuntamientos desde hace más de 20 años. El informe sólo se exigirá a los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que tengan más de cincuenta años y siempre que no hayan pasado ya la ITE de conformidad con su propia regulación. Se establecen mecanismos que permitirán obtener financiación externa para que la rehabilitación sea más accesible.
    • Introduce la figura de «la memoria de viabilidad económica» que acompañará a cada actuación y que podría justificar la aplicación de reglas excepcionales para vincular incrementos de edificabilidad o densidad, así como cambios en las distintas operaciones de rehabilitación, regeneración y/o renovación urbanas.
    • Se amplían las facultades reconocidas a las comunidades de propietarios, agrupaciones de propietarios y cooperativas para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con las operaciones de rehabilitación.
    • Se modifican determinados regímenes de unanimidad o mayorías establecidos por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Así, cuando existan determinadas obras que son demandadas por las Administraciones Públicas, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, serán obligatorias, como ya ocurre con algunas de ellas en la vigente regulación de la propiedad horizontal.

Se pretende, con este nuevo marco legislativo y otras medidas complementarias adoptadas (Línea ICO, línea IDAE y proyecto CLIMA), impulsar un cambio de planteamiento en el modelo de negocio inmobiliario, para enfocarlo al alquiler y la rehabilitación, en un momento de crisis económico-financiera que afecta con especial gravedad al sector. Por otra parte, se reorientan las metas y se concentran los recursos disponibles en los sectores más necesitados, dentro de un marco de cooperación y corresponsabilidad de las diferentes Administraciones Públicas y los agentes privados. Los cambios se producen en un contexto de estabilización presupuestaria que obliga a rentabilizar al máximo los recursos disponibles. Se estima que permitirá crear 105.000 empleos, sin contar con los que se generen de forma indirecta.

 

2.- CONCEPTOS BÁSICOS:

Un nuevo modelo

El Plan Estatal de vivienda 2013-2016 supone un cambio de modelo, para adaptarse a la crisis económico-financiera que ha afectado especialmente al mercado inmobiliario en nuestro país. Tras casi seis años de crisis, España se encuentra con un importante stock de vivienda acabada, nueva y sin vender, que contrasta con la dificultad de los ciudadanos para acceder a la misma, especialmente a los sectores más vulnerables de la población, los más afectados por la precariedad del mercado de trabajo y la dificultad en el acceso al crédito. Se detecta igualmente un mercado de alquiler escaso respecto al de la propiedad, sobre todo si se compara con otros países europeos. Por otro lado, se aprecia un insuficiente mantenimiento y conservación del parque inmobiliario, que se une a la necesidad de implantar medidas necesarias de ahorro y eficiencia energética para cumplir con las directivas europeas de sostenibilidad medioambiental.

Optimización de recursos

El Plan Estatal de vivienda 2013-2016 surge en un contexto de estabilización presupuestaria, que obliga a rentabilizar al máximo los recursos disponibles, acotando las ayudas a los fines o necesidades consideradas prioritarias. Por otra parte se propone, para complementar las ayudas, el arbitraje de un sistema innovador de incentivos, junto con medidas de política fiscal y búsqueda de vías de financiación adecuadas. Para no condicionar políticas de vivienda futuras, el Plan establece que no se podrá conceder ninguna ayuda con posterioridad a la fecha de su finalización, el 31 de diciembre de 2016.

Gestión y financiación

Como en Planes anteriores, la gestión de las ayudas corresponde a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. La colaboración entre éstas y el Ministerio de Fomento se establecerá mediante convenios, en los que se determinará la previsión de cantidades a aportar en cada anualidad, los compromisos de cofinanciación y gestión, los mecanismos de seguimiento y control, y la estimación del número de actuaciones a financiar. Las Comisiones Bilaterales velarán por su adecuado cumplimiento. En este Plan, como novedad, se primarán las actuaciones cofinanciadas. El Consejo de Ministros autorizará las cuantías máximas del gasto estatal. La financiación se realizará con las dotaciones anuales de los presupuestos generales del Estado, sin perjuicio de las aportaciones de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales. Fomento transferirá el importe de la subvención en la forma y plazo estipulados en el convenio. Se incentivará la participación de la iniciativa privada mediante entidades colaboradoras, a través de distintos tipos de convenio y contrato.

Objetivos principales

Promover el disfrute de una vivienda digna y adecuada, facilitando el acceso a la vivienda a los sectores de población con menos recursos, sigue siendo la razón de ser del Plan Estatal de vivienda 2013-2016. Sus principales líneas de actuación son, en este sentido, las siguientes:

  • Adaptar el sistema de ayudas a las necesidades actuales.
  • Contribuir a que los deudores hipotecarios de vivienda protegida adquirida puedan hacer frente a sus préstamos.
  • Reforzar la cooperación y coordinación administrativa y fomentar la corresponsabilidad en la financiación y gestión.
  • Mejorar la calidad de la edificación, especialmente su:
    • conservación
    • eficiencia energética
    • accesibilidad
    • adecuación para la recogida de residuos.
  • Contribuir a la reactivación del sector inmobiliario y favorecer la salida del stock de vivienda desocupada, fomentando la rehabilitación, renovación y regeneración urbana de barrios y edificios, así como el alquiler.

 

3.- LOS 8 GRUPOS DE PROGRAMAS DEL PLAN:

Abordamos en este informe los aspectos más significativos del Plan Estatal de vivienda 2013-2016, destacando las principales características de sus ocho programas de ayudas. Del mismo modo se recogen las dos nuevas leyes con temática complementaria y encaminadas a dinamizar el sector.

1º.- Subsidiación de préstamos convenidos

En la actualidad hay 250.000 beneficiarios de estas ayudas de subsidiación de préstamos convenidos para la compra de viviendas. El objetivo es mantener las ayudas de subsidiación concedidas por los Planes Estatales de Vivienda anteriores con el fin de ayudar a hacer frente a las obligaciones de los préstamos convenidos, ante la creciente dificultad de las familias para afrontar su cumplimiento.

2º.- Ayuda al alquiler de vivienda

El mercado de alquiler en España representa el 17%, frente al 83% de la propiedad. En Europa representa el 38% frente al 62% de la vivienda en propiedad.

Se trata de una ayuda encaminada a facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos.

Los beneficiarios serán las personas que ya tengan contrato de alquiler o que deseen suscribirlo sobre la vivienda que constituya, o vaya a constituir, su residencia habitual.

El límite máximo de ingresos que permite el acceso a la ayuda se calcula en función de la renta del conjunto de las personas que tengan, o vayan a tener allí, su domicilio. Son las denominadas «unidades de convivencia». Se determina según el número de miembros y composición de éstas, de modo que la primera persona mayor de edad computa una vez el IPREM, cada persona adicional mayor de 14 años la mitad y cada miembro menor de 14 años aproximadamente un tercio. De este modo se asegura que accedan a la ayuda las familias más necesitadas. Excepcionalmente, en el caso de que no se cubrieran todas las ayudas convocadas, se fija un tope de tres veces el IPREM.

El alquiler mensual debe ser igual o inferior a 600 euros, evitando así la subvención de alquileres elevados.

Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán fijar límites inferiores tanto de ingresos para el acceso a la ayuda (coeficiente multiplicador entre el 1 y el 0,7) como de alquiler, así como establecer requisitos adicionales y criterios de preferencia en la selección de los solicitantes.

No se accederá a la ayuda cuando algún miembro de la unidad de convivencia sea propietario o usufructuario de alguna vivienda en España (salvo que acrediten que no pueden utilizarla) tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con el arrendador, o sea socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador.

No se podrá compatibilizar con otras ayudas al alquiler del mismo tipo, ya sean autonómicas, locales o de Administraciones o entidades públicas, salvo excepciones en casos de especial vulnerabilidad. La ayuda es proporcional al alquiler para que no pueda resultar más elevada que éste.

No superará así el 40% del importe anual, ni los 4.200 euros al año. Se abonará al mes y se concederá durante un año, prorrogable año a año, hasta el 31 de diciembre de 2016, si se mantienen las condiciones que la justificaron.

3º.- Fomento del parque público de vivienda en alquiler

Los sectores más vulnerables de la sociedad tienen problemas para acceder a una vivienda por la precariedad y debilidad del mercado de trabajo y la restricción de financiación.

Su objetivo es impulsar la creación de un parque público de vivienda protegida en alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública.

Define dos tipos de vivienda:

  • Vivienda de alquiler en rotación, para unidades de convivencia con ingresos totales de hasta 1,2 veces el IPREM.
  • Vivienda de alquiler protegido, para unidades de convivencia con ingresos entre 1,2 y 3 veces el IPREM.

Serán calificadas como viviendas de alquiler en rotación y de alquiler protegido tanto las promociones de viviendas de nueva construcción como las procedentes de la rehabilitación de edificios públicos. En ellas se deberá destinar un porcentaje mínimo del 50% sobre el número total de viviendas al alquiler en rotación, y el resto de las viviendas al alquiler protegido.

La superficie de las viviendas no podrá exceder de 90 metros cuadrados útiles.

El régimen de alquiler protegido habrá de mantenerse al menos 50 años desde la calificación definitiva.

Habrán de ser edificadas sobre suelo perteneciente a Administraciones Públicas o sus entidades dependientes, que se las cederán entre ellas gratuitamente, o mediante derechos de superficie o concesiones administrativas. No obstante, también se podrá destinar suelo a estas viviendas aún cuando su adquisición no hubiera sido gratuita. Cuando la normativa urbanística lo permita, se podrán utilizar para este fin suelos calificados como dotacionales.

Son beneficiarios de las ayudas las Administraciones Públicas, organismos y demás entidades de derecho público, las fundaciones y asociaciones de utilidad pública, y las ONGs y demás entidades privadas sin ánimo de lucro.

Serán prioritarias aquellas actuaciones en las que exista «financiación de las Comunidades Autónomas y mayor financiación por vivienda.

La subvención a los promotores (con independencia de la financiación de otras Administraciones) será una ayuda directa y proporcional a la superficie de la vivienda, con los límites de 250 euros por metro cuadrado útil, con un 30% del coste subvencionable de la actuación y un tope de 22.500 euros por vivienda.

El precio del alquiler, actualizable con el IPC, será proporcional a la superficie de la vivienda más un 60% de la superficie de sus anejos, y no podrá superar los 4,7 y 6 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil, según se trate de alquiler en rotación o de alquiler protegido, siendo preceptivo que figure en la calificación provisional de la vivienda. El 30% del alquiler en rotación se destinará a sectores de la población atendidos por servicios sociales. Ambos podrán beneficiarse también del programa de ayuda al alquiler.

4º.- Fomento de la rehabilitación edificatoria

De los 26 millones de viviendas que tenemos en España, 15 millones cuenta con más de 30 años, y casi 6 millones superan los 50.

Este programa tiene por objeto la ayuda a la financiación de la ejecución de obras de mantenimiento e intervención en los edificios de vivienda colectiva, destinados a la mejora de la calidad, y en especial de su conservación, eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad.

Como condiciones iniciales los edificios deben:

  • ser anteriores a 1981
  • tener al menos el 70% de su superficie sobre rasante destinada al uso residencial de vivienda
  • el 70% de sus viviendas como mínimo deben constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. Debemos entender pues que esta ayuda no es viable en edificios vacacionales como por ejemplo los situados en las costas.

Excepcionalmente podrán hacerlo los edificios que sin cumplir los requisitos anteriores tengan daños graves, estructurales o no, y aquellos otros que vayan a destinarse al alquiler en los próximos 10 años.

Este programa dispone de tres tipos de actuaciones subvencionables:

  • Conservación de edificios: Serán objeto de subvención las obras:
    • necesarias para subsanar las deficiencias relativas al estado de conservación de cimentación, estructura e instalaciones que hayan sido declaradas en el Informe de Evaluación de Edificio (IEE).
    • necesarias para subsanar las deficiencias relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías y otros elementos comunes de conservación de edificios de viviendas:
      • declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o protegidos, y pertenecientes a conjuntos histórico-artísticos: en cualquier caso.
      • normales: cuando se realicen simultáneamente con obras de mejora de la calidad y sostenibilidad
    • realizadas para adaptar a la normativa vigente las instalaciones (de electricidad, fontanería, gas, saneamiento, gestión de residuos y telecomunicaciones), aún cuando no consten en el IEE.
  • Mejora de la calidad y la sostenibilidad:
    • Para que puedan ser subvencionadas, el conjunto de actuaciones previstas deben conseguir una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio (referida a la certificación energética) de al menos un 30% sobre la situación previa.
    • En ese sentido los trabajos a realizar abarcan:
      • La mejora de la envolvente térmica del edificio encaminada a reducir su demanda energética de calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora del aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos u otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos.
      • La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente y ventilación para el acondicionamiento térmico o el incremento de la eficiencia energética. La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables como la solar, biomasa o geotermia, que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica del edificio.
      • La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación, ya sean del edificio o de la parcela.
      • La mejora de las instalaciones que favorezcan el ahorro de agua, la implantación de redes de saneamiento separativas en el edificio, la reutilización de las aguas grises y pluviales en el propio edificio (o en la parcela) además de las que reduzcan el volumen de vertido al sistema público de alcantarillado.
      • Las instalaciones para la adecuada recogida y separación de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los espacios comunes.
      • Las obras que mejoren el cumplimiento de la normativa de protección contra el ruido.
      • El acondicionamiento de la parcela para mejorar la permeabilidad del suelo, adaptación de la jardinería a especies de bajo consumo hídrico, y optimización de los sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas.
  • Mejora de la accesibilidad:
    • Las que adecúen los edificios y los accesos a las viviendas y locales a la normativa vigente; la instalación de ascensores, salva-escaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, elementos de información o de aviso y dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior como videoportero y similares.

En general, podrán ser beneficiarios de las ayudas de este programa las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios, y los propietarios únicos de edificios de viviendas. En el caso de los edificios destinados al alquiler durante los próximos 10 años también podrán beneficiarse las Administraciones Públicas, organismos y entidades de derecho público, empresas públicas y sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones propietarias de los inmuebles.

La cuantía máxima de las ayudas:

  • no será mayor del 35% del coste subvencionable de la actuación (el 50% exclusivamente en la partida de accesibilidad)
  • el coste subvencionable de la actuación no deberá superar los precios medios del mercado.
  • el coste subvencionable de la actuación podrá incluir los honorarios técnicos, la redacción de proyectos, certificados o informes y la tramitación administrativa, pero se excluirán las tasas, impuestos y tributos.
  • tendrá un límite de 11.000 euros por vivienda sin protección y por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de local (12.100 en los edificios catalogados, declarados bien de interés cultural o protegidos integralmente) destinando:
    • 2.000 euros para la conservación
    • 2.000 euros para la mejora de la calidad y sostenibilidad (5.000 euros si se reduce al menos en un 50% la demanda energética)
    • 4.000 euros para la mejora de la accesibilidad.

El plazo de la obra no debe durar más de 16 meses (18 para edificios de 40 o más viviendas) y la ayuda se hará efectiva en un plazo de 30 días como máximo desde su concesión.

La solicitud de esta ayuda a la Comunidad Autonómica que corresponda, deberá adjuntar la siguiente documentación:

  • el IEE (Informe de Evaluación de Edificio) o la ITE.
  • Proyecto de la actuación a realizar. Para el caso de que las actuaciones no exijan proyecto, se aportará una memoria suscrita por técnico competente en la que se justifique la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación hasta donde sea viable, urbanística, técnica o económicamente.
  • Presupuesto de ejecución de las obras a realizar:
    • detallado por partidas de conservación, de mejora de la calidad y sostenibilidad y por ajustes razonables en materia de accesibilidad, firmado por el representante y por la empresa encargada de realizar las obras.
    • Se incluirá también los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, los informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados
    • Cuando el importe de las actuaciones subvencionables supere la cuantía de 10.000 euros, el solicitante deberá presentar declaración responsable de haber solicitado al menos tres ofertas y de haber elegido entre ellas, conforme a criterios de eficiencia y economía. Cuando esta elección no recaiga en la oferta económicamente más ventajosa se justificará expresamente.
  • Documento nacional de identidad, y/o número de identificación fiscal de los solicitantes o, en su caso, la que acredite su personalidad y la representación que ostente.    
  • Código de identificación fiscal de la comunidad de propietarios.
  • Acuerdo de la Comunidad o Comunidades de Propietarios de que se trate, debidamente agrupadas, salvo en los casos de edificios de propietario único, y con la autorización administrativa correspondiente, cuando sea preceptiva, en el que se recoja:
    • El acuerdo de solicitar ayudas para la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio.
    • El nombramiento del representante de la comunidad para intervenir en la tramitación del expediente.
    • La aprobación del presupuesto de las obras.
  • Cuando se trate de edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente, deberán presentar dicha declaración.
  • Solicitud de licencia municipal o autorizaciones municipales que sean precisas para la realización de la obra de rehabilitación
  • Declaración responsable firmada por el presidente de la Comunidad de propietarios de que el edificio está finalizado antes de 1981, de que al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda y de no concurrencia de los supuestos de incompatibilidad previsto en la norma para obtener ayudas. (haber obtenido ayudas del programa de regeneración urbana o del programa de ciudades sostenibles).
  • Listado con los nombres y apellidos, DNI o CIF de los propietarios de las viviendas y locales del edificio.
  • Volantes de empadronamiento familiar de cada una de las viviendas.
  • En los casos que proceda, certificado o tarjeta del grado de discapacidad.
  • Ficha de alta-modifiación de terceros, debidamente cumplimentada por banco o caja de ahorros y firmada por el representante.

 

5º.- Programa de fomento de la regeneración urbana

Se calcula que hay unos 2 millones de viviendas en España en mal estado de conservación.

En el caso de la regeneración urbana, se financiará la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización del espacio público, o de sustitución de edificios demolidos por nueva edificación, destinada a la mejora y recuperación funcional de tejidos residenciales, conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.

El 60% de la superficie sobre rasante del ámbito de actuación debe estar destinada al uso residencial de vivienda habitual y, salvo casos excepcionales como núcleos rurales o cascos históricos, deberá comprender al menos 100 viviendas.

Se subvencionarán obras o trabajos de mantenimiento en edificios y viviendas para la adecuación a la normativa vigente, además de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano (urbanización o reurbanización de los espacios públicos), la mejora de la accesibilidad a los mismos, y la eficiencia en consumo de agua, energía, uso de materiales, gestión de residuos y protección de la biodiversidad. Se contemplan adicionalmente las obras de demolición y de edificación, siempre que los nuevos edificios tengan calificación energética B.

El coste de la actuación subvencionable, que no deberá superar los precios medios de mercado, además de los honorarios técnicos y coste de los proyectos, informes o certificados y la tramitación administrativa, podrá incluir los costes derivados del realojo temporal de los ocupantes, de los equipos y oficinas de planeamiento, los gastos de información y gestión, así como los relacionados con el acompañamiento social.

Los beneficiarios serán quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de actuación, ya sean públicos o privados. Entre ellos se encuentran las Administraciones Públicas, las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades, los consorcios, los entes o empresas privadas y los propietarios únicos.

Las ayudas supondrán un máximo del 35% del presupuesto o coste subvencionable de la actuación, con el límite de hasta 11.000 euros por vivienda rehabilitada, 30.000 euros por vivienda construida en sustitución de otra demolida y 2.000 euros por vivienda para las obras de urbanización.

Se podrán añadir 4.000 euros anuales por unidad de convivencia a realojar durante las obras, y 500 euros por vivienda rehabilitada para el coste de equipos y oficinas de planeamiento, información, gestión y acompañamiento social.

6º.- Apoyo a la implantación del Informe de Evaluación de los edificios (IEE)

El 60% de las viviendas en España se construyeron sin ninguna norma de eficiencia energética y de los 10,7 millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas, 4 millones todavía no tienen ascensor, rampa o salva-escaleras que faciliten el acceso.

El objeto del programa es la ayuda a la implantación de este informe, que sustituye al actual Informe Técnico de Edificios o ITE, vigente en algunos Ayuntamientos, mediante la subvención de parte de los gastos de los honorarios profesionales.

Los IEE son realizados por técnicos cualificados, que emiten el informe en base a una inspección ocular del inmueble, conforme a un modelo que figura como anexo al Real Decreto por el que se aprueba este Plan.

El IEE incluirá, además del análisis del estado de conservación del edificio, las condiciones de accesibilidad y la calificación energética del mismo.

Los beneficiarios serán comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos que realicen el informe de evaluación antes de que finalice el año 2016.

La subvención máxima es del 50% del coste del informe del edificio, y la cuantía de la ayuda consistirá en un máximo de 20 euros por cada vivienda y por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de local comercial. En total no podrá superar los 500 €.

7º.- Fomento de ciudades sostenibles y competitivas

Las viviendas consumen en España el 17 % de toda la energía del país, y las emisiones de gases invernadero han crecido un 20 % desde 1990.

El objetivo del programa es financiar la ejecución de proyectos como la mejora de barrios, centros y cascos históricos, la renovación de áreas funcionalmente obsoletas, la sustitución de infraviviendas, los eco-barrios (o barrios de sostenibilidad ambiental destacada) y las zonas turísticas.

Los beneficiarios serán las Administraciones Públicas, los propietarios de edificios de viviendas, las comunidades de propietarios y sus agrupaciones, los consorcios y los entes asociativos de gestión.

En cuanto a las ayudas, su máximo es del 40% del coste subvencionable de la actuación, que no podrá superar los precios medios de mercado.

No serán compatibles con las ayudas de los programas de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbana.

8º.- Apoyo a la implantación y gestión del Plan

Éste recoge las condiciones básicas de financiación para la creación y mantenimiento de sistemas informáticos destinadas al control y gestión de las relaciones entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en el desarrollo del Plan.

El Ministerio de Fomento podrá emplear parte de los recursos presupuestarios asignados al Plan para dotarse de sistemas informáticos para la gestión, el seguimiento y el control del mismo, facilitando el intercambio de datos e información con los sistemas propios de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

Este Plan introduce ciertos cambios en materia de vivienda protegida, manteniendo el régimen de las distintas tipologías de las anteriores normativas de aplicación:

  • Modificación del régimen de vivienda protegida en venta al de vivienda protegida en alquiler:
    • Permite modificar la calificación provisional o definitiva de las viviendas protegidas, acogidas a financiación y destinadas a la venta, a vivienda protegida en alquiler. Este cambio no afectará al préstamo convenido, ni permitirá beneficiarse de nuevas ayudas, simplemente se cambiarán las condiciones propias de un régimen a otro.
    • La recalificación reflejará el alcance de la devolución de las ayudas concedidas, entre ellas las directas, bonificaciones y exenciones tributarias e intereses legales de ambas.
  • Descalificación de viviendas protegidas en venta:
    • Se permitirá descalificar viviendas protegidas destinadas a la venta cuando, habiendo sido ofertadas, el 80 % de las mismas no hayan obtenido adjudicatario. Han de estar situadas en un ámbito territorial con vivienda libre de similares características terminada en los dos últimos años en oferta, también sin vender.
    • Esta medida estará vigente excepcionalmente durante tres años y podrá aplicarse a viviendas cuya calificación definitiva tenga más de seis meses. En la descalificación se acordará la devolución de las ayudas concedidas.
  • Modificación del régimen de vivienda protegida en alquiler al de vivienda protegida en venta:
    • Del mismo modo se permite el cambio de régimen o recalificación de vivienda con protección pública en alquiler a venta, que tampoco afectará a los préstamos convenidos y no legitimará nuevas ayudas.
    • Conllevará para el propietario la interrupción de las ayudas y la devolución proporcional a los años restantes de alquiler de las mismas.
  • Prórroga del período de carencia:
    • Se amplía de 4 a 10 años (siempre que la Comunidad Autónoma y la entidad de crédito lo aprueben), el período de carencia de los préstamos, desde su formalización, a promotores de viviendas calificadas provisionalmente como protegidas destinadas a la venta.
  • Interrupción del período de amortización de los préstamos:
    • Los préstamos convenidos de los Planes Estatales que están en período de amortización de capital a la entrada en vigor del Real Decreto (11 de abril de 2013) podrán ser interrumpidos por un plazo de hasta 3 años siempre que la Comunidad Autónoma y la entidad de crédito lo aprueben, periodo durante el cual sólo harán frente a los intereses.
    • En el caso del alquiler esta interrupción conllevará la renuncia, desde la fecha de interrupción, a las ayudas de subsidiación que resten por percibir.

 

4.- MEDIDAS ADICIONALES AL PLAN:

Paralelamente se están desarrollando 3 líneas de acción de ámbito estatal que se detallan a continuación:

  1. Línea ICO para la rehabilitación de viviendas y edificios: Creadas por el Ministerio de Economía y Competitividad para atender las necesidades de financiación de proyectos de rehabilitación o reforma de viviendas y edificios por parte de particulares y comunidades de propietarios.
  2. Línea IDAE: El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha puesto en marcha un programa específico de ayudas y financiación para facilitar la ejecución de medidas de mejora de la eficiencia energética, incluida la utilización de las energías renovables. Podrán ser beneficiarios de las ayudas o de la financiación de este programa las comunidades de propietarios de edificios de vivienda colectiva, las comunidades de bienes de los propietarios de edificios de viviendas no divididas horizontalmente, y las personas físicas propietarias de un edificio de vivienda unifamiliar. Se considerarán actuaciones susceptibles de ayuda las actuaciones integrales en edificios de viviendas existentes, siempre que supongan la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica o de las instalaciones térmicas; la sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente; o la sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. La dotación económica será de cien millones de euros para ayudas públicas directas y préstamos reembolsables.
  3. Proyecto Clima: Estos son proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ubicados en España, cuya entrada en funcionamiento no podrá ser posterior a 2014. Con ello se pretende dar apoyo y fomentar actividades bajas en emisiones de dióxido de carbono mediante la adquisición de las reducciones verificadas de emisiones generadas mediante créditos, cuya medición debe realizarse con arreglo a las metodologías de cálculo aprobadas por el Consejo Rector del FES-CO2, en este caso en el sector residencial, hasta los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto.

Si desea solicitar estas ayudas para reahabilitar su edificio, no dude en CONTACTAR con nosotros.

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